jueves, 11 de marzo de 2010

Un juzgado de Vigo condena a tres páginas web que cobraban por ver películas en internet


El juzgado de lo penal de Vigo ha condenado al propietario de tres páginas web a nada menos que un año de cárcel, 12 meses de multa y una indemnización de 2.000 euros por delitos contra la propiedad intelectual. En contra de lo que se publica estos días en algunos medios que no sabrían reconocer un hipervínculo ni aunque les mordiera, el caso no refiere a páginas que enlazan vídeos, como Cinetube, sino a un delito real y perfectamente tipificado.

Las tres páginas web (www.simonfilms.tv, www.siglox.com y www.maxivideos.tv) pertenecían a la empresa Simon Films S.L, cuyo ‘espabilado’ propietario había montado un servicio de streaming de estrenos de cine. El responsable de la empresa hacía él mismo las copias de seguridad de las películas, las subía a su servidor y cobraba un euro por cada hora de visionado. Lo que viene a ser, en definitiva, vulnerar punto por punto lo que dictan las leyes sobre propiedad intelectual. Casi parece que Simon Films S.L. estaba buscando ganarse la denuncia perfecta.

El abogado Carlos Sánchez Almeida, experto en propiedad intelectual que ha defendido a muchas páginas web de enlaces P2P, puntualiza que este caso es muy diferente de los de las páginas de enlaces o del P2P: “Se trata, primero, de un acuerdo de conformidad, había una relación directa entre el que subía el material y el dueño y, lo que es más importante, cobraba por ver las películas. No tiene nada que ver con el P2P”.

El caso ni siquiera ha llegado a sentencia judicial firme, sino que se ha resuelto mediante acuerdo judicial previo entre las partes. Un acuerdo al que el juez, sencillamente, da su visto bueno.



Por una vez, hay que dar la razón a los defensores de los derechos de autor
, aunque, una vez más, estos aprovechen la ocasión para reclamar, para sí mismos, derechos completamente inconstitucionales. José Manuel Tourné, director general de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP) ha comentado, en declaraciones al diario Público, que “no puede ser que para luchar contra los delitos de Internet tengamos que pelear 4 años, cuando una página web se abre en un día”. Tourné hace este comentario al hilo de la posible aprobación de la Ley de Economía Sostenible que permitirá a la Industria Cultural cerrar páginas de enlaces sin que sea un juez quien lo decida.

Efectívamente, la justicia es lenta, pero ese es un problema de la justicia que afecta a todos los tipos de delitos y que el Gobierno haría bien en resolver. La Ley de Economía Sostenible permitirá a la Industria Cultural tomarse la justicia por su mano en los supuestos delitos contra la propiedad intelectual. ¿Cual será el siguiente paso? ¿Legalizar el linchamiento popular?.

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